El caso de Francesca Lessa fue uno de los que impulsó el primer encuentro donde se fundó la red de Academicxs en Riesgo en Barcelona en el 2018 donde investigadores de varios países y disciplinas compartieron también sus historias, muchas veces silenciadas, de hostigamientos y amenazas como consecuencias de sus tareas de investigación y enseñanza en ámbitos universitarios.

A continuación, la Dra. Lessa comparte su experiencia que comenzó en el 2017 en Uruguay, país al que, debido a amenazas de muerte, no pudo regresar y donde estaba llevando a cabo su proyecto de investigación con una beca de la Unión Europea por intermedio de la Universidad de Oxford, Reino Unido.

El 28 de enero de ese año, Francesca Lessa junto a otras 12 personas fueron amenazadas directamente por mail (entre ellas: el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez; el fiscal de Corte, Jorge Díaz; la ex directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo Mirtha Guianze; los abogados Pablo Chargoñia, Federico Álvarez Petraglia, Juan Errandonea, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Óscar López Goldaracena; la ex vicecanciller Belela Herrera; el activista brasileño Jair Krischke; y el jurista francés Louis Joinet). El mensaje, proveniente del así llamado “Comando Barneix” decía: “El suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres elegidos azarosamente de la siguiente lista”.  Lamentablemente esta amenaza es parte de lo que se ha convertido en un patrón de amedrentamientos que han estado recibiendo periodistas, abogados, antropólogos y defensores de los derechos humanos en los últimos años Uruguay.

¿Como viviste lo que sucedió en Uruguay en el 2017?

Para mí fue una revolución. De un día para el otro, cambió mi vida. Tuve que parar un proyecto al que me estaba dedicando desde hacía más de dos años y medio. La investigación se focalizaba en la Operación Cóndor y usaba el caso uruguayo como representativo. Elegí Uruguay porque la mayor parte de las víctimas y la mayor parte de los sobrevivientes son ciudadanos uruguayos, y además hay desaparecidos y sobrevivientes uruguayos en todos los países involucrados en la Operación Cóndor, que fue un plan de inteligencia y coordinación entre las dictaduras militares de Brasil, Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay para combatir a la oposición de izquierda durante la década de 1970. Mi investigación preveía el seguimiento del juicio Cóndor en Argentina y de los juicios uruguayos, y además el estudio de archivos estatales en Uruguay, aunque el acceso a estos sea, a menudo, complicado y un poco limitado. En realidad, pude trabajar en Uruguay sólo cuatro meses, porque mientras me encontraba en el exterior ocurrió lo de las amenazas y no pude volver al país ni siquiera para recuperar mis pertenencias.

¿Cómo te enteraste de que estabas bajo amenaza de muerte?

Me avisó una amiga uruguaya con un WhatsApp. Escucharon la noticia en la televisión y me informaron. Yo traté de averiguar y me dirigí a los organismos policiales uruguayos, que me confirmaron el dato. A esa altura, tuve que informar a la Universidad de Oxford. Ellos se contactaron con la embajada italiana para hacer una evaluación del peligro real que esto significaba para mí, de lo que surgió la decisión de no regresar a Uruguay. Podría parecer una medida demasiado apresurada, pero no olvidemos que justo un año antes había sido torturado y asesinado en Egipto un estudiante italiano, Giulio Regeni, que estaba haciendo un doctorado en la Universidad de Cambridge. Además, creo que, a la luz del poco interés que la Justicia y el gobierno uruguayos ponen en la cuestión, la prudencia fue justa.

¿Cuál pensas que era el objetivo que se buscaba con la amenaza hacia ustedes?

Creo que fue, en lo principal, una operación comunicacional, es decir que este Comando quería utilizar los nombres y figuras de personas comprometidas en el campo de la justicia y la defensa de los derechos humanos para lograr por un lado, frenar el avance de las investigaciones judiciales que estaban finalmente avanzando en Uruguay después de muchas décadas de impunidad, y por el otro lado, generar una sensación de amedrentamiento, de que este Comando estaba mirando y controlando todas aquellas personas que se dedicaban desde sus diferentes roles, como fiscales, abogados, investigadores, etc. a la busqueda de verdad y justicia por los delitos de lesa humanidad cometidos por el estado uruguayo entre 1968 y 1985.

¿Cuál fue el proceder de la justicia en Uruguay? ¿Hubo investigaciones al respecto?

La investigación se abrió porque el fiscal de Corte, Jorge Díaz, que recibió el mail directamente en su correo, hizo una denuncia. Desde ese momento no pasó prácticamente nada. En estos años, se sucedieron varios fiscales y jueces a cargo del expediente, pero solo tuvimos unas pocas audiencias donde llamaron a declarar a los amenazados. Hasta ahora, no se promovieron otras medidas ni se investigaron las diferentes pistas que nosotros proporcionamos a las autoridades. Creo que una investigación completa debería incluir, por ejemplo, una averiguación dentro de las Fuerzas Armadas para indagar si alguien conoce o ha escuchado algo acerca de ese Comando Barneix, como también la vinculación de esta amenaza con todas las otras que han sucedido en el país, para tener un abordaje mas completo que vaya más allá del caso específico. Han pasado cuatro años y hasta ahora, no sabemos nada, ni se hizo nada. Esa postura tan pasiva frente a unas amenazas de muerte me lleva a pensar que en realidad no se quiere saber realmente quiénes están detrás de eso. Y el riesgo es que el resultado sea la normalización de la impunidad y de las practicas de amenazar como herramienta de miedo en Uruguay.

¿Cómo reaccionó el gobierno uruguayo ante la denuncia de las amenazas?

Con silencio total. Enviamos al expresidente Tabaré Vásquez dos cartas de apoyo y solidaridad con los amenazados, una en 2017 firmada por más de 150 investigadores, intelectuales y periodistas de 15 países, y otra en 2018 por mas de 500 personas a cumplirse un año de la amenaza. El presidente nunca nos no contestó, sino que ningún miembro del gobierno se expresó sobre el tema, ni siquiera para señalar que las amenazas de muerte son un crimen. La cereza del pastel la alcanzamos cuando el Estado uruguayo fue citado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en mayo de 2017 en Buenos Aires y no se presentó a la audiencia, con lo que demostró que no tiene mucho interés en el tema.

¿Como ves tu caso en relación con el aumento de amenazadas que han tenido lugar en los últimos años contra quienes trabajan y lucha en el campo de derechos humanos en Uruguay?

Frente a la indiferencia que mostró el gobierno uruguayo no hay que preguntarse por qué siguen ocurriendo esos amedrentamientos. En 2016, en Semana de Turismo, entraron en la oficina de antropólogos en Montevideo y, además de robar computadoras y material, dejaron un mapa de la ciudad en el que se señalaban las direcciones personales de los trabajadores del equipo; en octubre del año pasado, dos sitios en los que los antropólogos estaban haciendo trabajos de excavaciones en busca de restos de desaparecidos fueron violados, y ha habido robos; en noviembre amenazaron nuevamente al fiscal Jorge Díaz diciendo que iban a matarlo en la calle; en julio, en Mercedes, el periodista Juan Francisco Correa recibió “gravísimas amenazas telefónicas” luego de haber publicado la noticia de que uno de los nuevos integrantes de Club de Leones de Mercedes, Óscar Omar Troya Soma, formó parte de los aparatos represivos del Estado durante la dictadura militar y está denunciado por torturas a civiles.

¿Cuál es el estado actual de la causa?

Nos encontramos en una coyuntura clave ya que el 14 de febrero se cumplen cuatro años de la denuncia y el fiscal podría archivar nuestra denuncia. Por supuesto que nosotros estamos totalmente en contra del cierre, ya que no sentimos que en ningún momento en estos cuatro años que las autoridades uruguayas hayan encarado con la seriedad y profundad necesaria esta investigación.

¿Cuáles fueron las consecuencias de esta experiencia para tu investigación y tu trabajo académico ahora que han pasado 4 años no solo del hecho sino de impunidad?

En 2017, tuve que reorganizar completamente mi proyecto ya que no iba a poder acceder a los archivos en Uruguay como había planeado, ni realizar las entrevistas adicionales en el país. Finalmente pude cerrar la investigación, pero casi con dos años de retraso respecto a los plazos originales del proyecto y eso solamente porque recibí la solidaridad de muchas personas que me ayudaron a acceder a otras fuentes de información. Además, obviamente, la falta de investigación e identificación de los responsables implica que cualquier plan de viajar a Uruguay para futuras investigaciones se vea afectado por esta amenaza y va a ser muy difícil que se me autorice a viajar a la luz de este antecedente.

¿Han acudido a instancias internacionales u obtenido apoyo de otras organizaciones?

En 2017, recibimos el apoyo de muchas organizaciones nacionales e internacionales, como el Observatorio Luz Ibarburu y Amnistía Internacional de Uruguay, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, The Washington Office on Latin America, y Front Line Defenders entre otros. En febrero de 2019, además presentamos una petición a la CIDH en la que reclamamos que el Estado uruguayo estaba violando su obligación de respetar el derecho a la libertad y la integridad personal, a las garantías judiciales, a la igualdad ante la ley y a la protección judicial. Estamos, dos años después, aun esperando que la CIDH notifique la petición a Uruguay.

¿Tendrías alguna recomendación para las universidades cuyo staff puede enfrentar este tipo de situaciones? ¿Como pensas que las universidades, pero también las instituciones que financian investigación científica podrían apoyar de mejor manera a investigadores en situación de riesgo?

Estas son preguntas difíciles de responder, pero creo que se puede avanzar en muchos respectos. Primero, es absolutamente necesario dejar de invisibilizar estas situaciones, que son mas frecuentes de lo que uno imaginaria. Los académicos e investigadores están cada vez mas expuestos a situaciones de riesgo por parte de agente estatales y paraestatales. Es necesario hablar del tema y ver como se pueden prevenir estas situaciones. Segundo, las universidades como también otras instituciones deberían armar protocoles de acción para hacer frente a situaciones parecidas y apoyar a los investigadores que las encaran. Es necesario que estos protocoles sean suficientemente flexibles, ya que cada situación es diferente y es necesario analizar las especificidades de cada caso para brindar una mejor respuesta y estrategia a las victimas. Tercero, las universidades deberían expresar de forma más clara y contundente su rechazo a la falta de investigación por las autoridades competentes en la gran mayoría de los casos de amenaza, ya que sabemos como la impunidad solo envalentona los responsables y favorece que se sigan repitiendo situaciones similares en futuro.

Más informaciones sobre los nulos avances de la causa y las investigaciones sobre las amenazas de muerte proferidas por el Comando Barneix en el 2017 y su posible prescripción en febrero de 2021, se pueden ver en el siguiente informe: https://www.youtube.com/watch?v=TE-5MvcxNfc