La Universidad de Costa Rica lanza iniciativa regional de apoyo para académicas y académicos en el exilio: contexto, desafíos y buenas prácticas para una academia solidaria
Mario Zúñiga Núñez, profesor de la Universidad de Costa Rica, nos presenta el Campus Centroamérica por la Libertad de Cátedra, un espacio que coordina a lo interno de su institución. El Campus se plantea como iniciativa fundamental para dar respuesta y apoyar a académicas y académicos que debieron abandonar sus países por las crecientes prácticas de persecución, autoritarismos y represión en la región. El Campus Centroamérica por la Libertad de Cátedra es la primera iniciativa institucional de este tipo en toda Latinoamérica. Mario nos comparte los desafíos que esta enfrenta, pero también, cuáles buenas prácticas podrían seguir otras instituciones académicas que quieran sumarse a acompañar y apoyar docentes, investigadores e investigadoras que hoy por hoy se ven forzadas al exilio de sus respectivos países.
Mail del Campus Centroamérica por la Libertad de Cátedra de la UCR: campus.centroamerica@ucr.ac.cr
¿En qué consiste el Campus Centroamérica por la Libertad de Cátedra en la Universidad de Costa Rica?
El Campus Centroamérica por la Libertad de Cátedra es una iniciativa de la Rectoría de la Universidad de Costa Rica (UCR) que comenzó a funcionar en noviembre de 2022. Su objetivo fundamental es acoger, dentro de nuestra universidad, a un número determinado de docentes, investigadoras e investigadores del resto de países de Centroamérica, que hayan sido víctimas de persecución política y cuya labor intelectual haya sido trastocada por esa condición. Emitimos una convocatoria pública anual en la que pueden participar los y las académicas de todas las áreas del saber que se encuentren en esta condición.
Mario Zúñiga Núñez (Fotografo: Javier Perez Zúñiga)
La primera convocatoria se lanzó en noviembre de 2022 y ya se incorporaron a la UCR tres docentes en las áreas de ingenierías, artes y ciencias sociales. Estamos en proceso de elaborar la segunda convocatoria. Quienes se seleccionan para participar en este programa tienen un contrato de un año a tiempo completo para ejercer docencia, investigación o acción social, que son las tres áreas sustantivas de nuestra universidad.
Se podría decir que la creación del campus es una respuesta a la situación que está atravesando la comunidad académica en la región. En este sentido ¿Cómo evalúas el contexto centroamericano actual y cómo este está afectando a las universidades en la región? ¿Qué perspectivas ves a futuro con esta situación?
En la región centroamericana se ha vivido en años recientes un profundo deterioro de las libertades públicas. L a garantía de aplicación de los Derechos Humanos se ha vuelto cada vez más laxa por parte de los estados. O peor aún, en algunos contextos, las prácticas políticas y legislaciones se han vuelto abiertamente contrarias a los principios universales de Derechos Humanos. Esto ocurre paralelo al crecimiento del autoritarismo en la región, cuyos casos más visibles son la dictadura nicaragüense, el régimen de excepción que se aplica actualmente en El Salvador y la cooptación del aparato público guatemalteco por los poderes fácticos que gobiernan ese país. Pese a tener un discurso político contrario, estos regímenes ejercen un duro control sobre sus poblaciones sin brindar las condiciones mínimas de disfrute de Derechos Humanos.
En estos contextos se hacen comunes prácticas como las detenciones arbitrarias, las desapariciones forzadas, la actuación de los ejércitos y las policías sin apego a la normativa internacional, entre muchas otras. Estas violaciones han sido amplia y consistentemente documentadas por instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (tanto para Nicaragua, como para El Salvador), Human Rights Watch o WOLA, que en conjunto con valientes organizaciones de Derechos Humanos que operan actualmente en Centroamérica (FESPAD, AVANCSO, la Fundación Mirna Mack, Cristosal, y un largo etcétera) llevan el pulso y el conteo de las denuncias y efectos de las violaciones a Derechos Humanos.
Como parte de la ciudadanía de los estados centroamericanos, las personas que laboran o estudian en universidades en la región se han visto profundamente afectadas por este contexto. Me referiré de manera inmediata a las afectaciones específicas de esta población en tres países: Nicaragua, Guatemala y El Salvador. Tal vez el caso más significativo y dramático sea el nicaragüense, como parte de la represión de las manifestaciones del 2018 en contra del Régimen de Ortega y Murillo, se realizaron despidos masivos de docentes y expulsiones de estudiantes críticos y posteriormente comenzó un proceso de cierre de instituciones y borramiento de expedientes académicos. Este artículo del New York Times escrito por Yubelka Mendoza y María Abi-Habib da cuenta de este proceso al menos hasta inicios de 2022 pero ha continuado y se ha profundizado hasta hoy.
Otro caso significativo es el guatemalteco, ha trascendido a la arena pública la pugna que mantienen hace un año los grupos de poder alrededor de la Universidad de San Carlos de Guatemala, donde se intenta imponer a Walter Mazariegos como rector de esta institución de manera fraudulenta. Mazariegos representa el corporativismo y el vínculo con lo que en ese país se denomina “pacto de corruptos”. Esta imposición ha generado la organización del profesorado y el movimiento estudiantil que ha reaccionado con la toma de diversos edificios en la institución. En este artículo (el primero de una serie de 5) del medio guatemalteco Plaza Pública, escrito por Ferdy Montepeque, se puede obtener una visión panorámica de esta situación. Este hecho concreto, puede observarse en paralelo con la cooptación reciente de otras instituciones públicas como el Ministerio público y la creciente persecución y criminalización de personas y organizaciones defensoras de derechos humanos.
En el caso salvadoreño se vive un cotidiano acoso de las voces críticas al presidente de la república Nayib Bukele y el régimen de excepción que lleva funcionando ya más de un año. Las voces críticas contra Bukele se escuchan muchas veces de parte de figuras académicas, como, por poner un ejemplo, el sacerdote jesuita José María Tojeira, rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas. Las personas que critican las políticas de Bukele reciben un enorme acoso en redes sociales y diversos tipos de amedrentamiento. Otro elemento que afecta a la población estudiantil de El Salvador son las capturas arbitrarias que se han dado en el marco del régimen de excepción, la recurrencia de este tipo de problemas se volvió tan frecuente que el Consejo Superior Universitario de la Universidad de El Salvador se pronunció públicamente en favor de su población estudiantil, según documentó la periodista Gloria Olivares de la revista Gato Encerrado.
En estos contextos, la situación de profesores, profesoras y estudiantes universitarios se ve profundamente afectada, dado que el miedo, el amedrentamiento y la arbitrariedad en la aplicación de la ley se tornan parte de la vida de los centros educativos, y quienes levantan sus voces críticas, sufren represión de diverso tipo (física, amenazas verbales, acoso en redes, etc). Ni qué decir de la seria afectación de la libertad de cátedra y el disfrute de los derechos fundamentales asociados a ella.
El futuro de esta situación dependerá obviamente de cuánto se puedan mantener estos regímenes políticos en los respectivos países. Que es lo mismo que decir, que esta situación se mantendrá hasta que las personas se organicen y les quiten vigencia a los ejercicios autoritarios de poder. Evidentemente este es un proceso social de enorme complejidad al que no me puedo referir de manera detallada dado los límites y alcances de esta entrevista.
¿Cómo evaluás la situación de libertad académica y de riesgo para académicos y académicas críticas en Costa Rica en comparación con los otros países de la región?
El problema que enfrentamos en Costa Rica no deriva actualmente de una persecución represiva con cuerpos policiales, sino de un progresivo desfinanciamiento del sistema de universidades públicas, acompañado de un discurso neoliberal y antihumanista (o dicho en otras palabras, el discurso económico del “sálvese quien pueda”). Voy a referirme de manera muy sucinta a algunos hechos fundamentales y para las personas que desean conocer más de nuestra realidad, remitiré mediante links a notas periodísticas del Semanario Universidad, el periódico de la UCR, que ha dado seguimiento cotidiano a todos estos procesos y donde se puede profundizar en cada uno de estos aspectos.
Desde la década de 1940 con el nacimiento de la Universidad de Costa Rica, nuestro país ha construido un aparato de educación superior que le permite actualmente el acceso a educación de alta calidad a decenas de miles de personas. Las universidades que conforman ese aparato de educación pública, además de Universidad de Costa Rica, fundada en 1940, son: Universidad Nacional de Costa Rica (1973), Instituto Tecnológico de Costa Rica (1971), Universidad Estatal a Distancia (1977) y Universidad Técnica Nacional (2008). Las cinco son instituciones públicas de funcionamiento autónomo otorgado constitucionalmente desde 1949. Tienen un nivel de especialización muy alto y las de mayor tradición se encuentran mucho mejor posicionadas que cualquier universidad privada de nuestro país. En eso nos diferenciamos del resto de países de la región.
Ahora bien, la crisis fiscal que afecta Costa Rica desde hace más de dos décadas ha generado múltiples problemas al aparato estatal. Desde el gobierno de Carlos Alvarado Quesada (2018-2022) el recorte de gasto de las universidades es una realidad vía limitación del gasto público. En 2018 el gobierno de Alvarado Quesada tramitó a golpe de tambor una reforma fiscal que impuso la idea de que la limitación del gasto público era clave para aliviar la crisis. A la reforma vinieron otras leyes asociadas como la Ley Marco de Empleo Público, que se encarga de recortar los salarios del sector. Así mismo, la Asamblea Legislativa de aquella época (2018-2022) justificó los recortes a las universidades con argumentaciones tendenciosas que se basan en la idea de deplorar los conocimientos humanistas y priorizar únicamente las disciplinas que aportan al mercado de trabajo del sector privado. Estas argumentaciones y esta dinámica ha continuado y se ha profundizado en el gobierno de Rodrigo Chaves Robles (2022- la actualidad). En esta nueva administración, además del recorte de gasto, se ha agregado la negativa del poder ejecutivo a colaborar con las universidades públicas en temas referentes a política pública (un acompañamiento técnico que las universidades han brindado históricamente a los diferentes gobiernos del país).
Dicho todo esto, lo que considero es que, si bien en Costa Rica no enfrentamos un proceso represivo policial, la posibilidad de ejercicio de pensamiento crítico en las universidades públicas se está viendo profundamente afectada por las severas limitaciones presupuestarias, además de que las expresiones de pensamiento crítico encuentran un ambiente sumamente hostil en un universo de redes sociales dominado por actores tendenciosos como los trolles. Todo esto incide directamente en la vida académica (desde los aspectos salariales del profesorado, financiamiento de proyectos de investigación, hasta el equipamiento o la posibilidad de proyectar las universidades al resto del país). Las medidas de austeridad todavía no han tocado ciertos aspectos fundamentales, como las becas estudiantiles, por ejemplo, pero es una amenaza latente dado que el panorama de recortes se vuelve cada vez más agresivo.
Como dije antes, si bien en Costa Rica se observan mecanismos diferentes a los que se presentan en el resto de países de la región, es importante resaltar el hecho regional común de que élites político económicas que ocupan los poderes ejecutivos, recurren actualmente a fuertes mecanismos de control (la represión directa o el control del financiamiento de las instituciones), en favor de actores y grupos de presión (públicos o privados) que operan en los distintos escenarios nacionales.
Teniendo en cuenta este contexto que describís como hostil en distintos aspectos en la región ¿cuáles son los principales desafíos que ves a la hora de brindar apoyo a las personas académicas que llegan de los otros países de la región pidiendo refugio en Costa Rica?
El principal desafío que veo es el de instalar y visibilizar una infraestructura institucional que sea funcional y ágil para manejar el Campus Centroamérica por la Libertad de Cátedra. En el momento inicial en el que nos encontramos es fundamental que el Campus se conozca y se visibilice como una alternativa para personas académica en riesgo en la región.
Para ello, estamos haciendo trabajo tanto en el ámbito interno de la Universidad como en el externo. En el aspecto interno estamos entrando en contacto con diferentes autoridades universitarias para dar a conocer y popularizar de primera mano qué es lo que hacemos y cuál es su importancia. A nivel externo, estamos uniéndonos con redes de trabajo que dan asistencia a académicos y académicas en riesgo y contactando también agencias de cooperación internacional. La idea es que con cada convocatoria podamos percibir un crecimiento de nuestro programa, tanto por el asidero institucional que adquiere, como por el crecimiento en apoyos por parte de la cooperación internacional.
En base a tu experiencia con el Campus Centroamérica por la Libertad de Cátedra, ¿cuáles serían buenas prácticas que podrían tomar otras instituciones de América Latina para apoyar investigadores investigadoras y docentes que enfrentan persecuciones y amenazas deben dejar su ciudad/ país?
Desde nuestra naciente experiencia veo tres buenas prácticas que se pueden incentivar en ambientes universitarios:
La primera es concientizar e incorporar a la vida universitaria información relevante que permita sensibilizar a la población docente, administrativa y estudiantil sobre la realidad que se vive a nuestro alrededor, los factores estructurales y coyunturales que se convierten en factores de expulsión y violencia contra pares académicos y estudiantiles. Esto se puede socializar mediante actividades culturales propias de la vida universitaria: foros, mesas redondas, actividades artísticas, etc.
La segunda refiere a que, en la medida de sus posibilidades, las instituciones generen espacios de recepción de personas en busca de refugio o migrantes. Las personas que tienen trabajos de carácter académico y deben huir de sus países debido a la persecución política llegan a mercados locales de trabajo que desconocen, con reglas que les son ajenas y dinámicas a las que deberán adaptarse. Las instituciones educativas podemos abrir espacios que faciliten estos procesos y hagan que la transición de las personas que solicitan refugio sea un proceso acompañado y revestido de solidaridad.
El tercer proceso que se puede realizar es el de generar vínculos institucionales con redes de personas académicas y mecanismos de cooperación internacional, que permitan fortalecer los esfuerzos de acompañamiento de la población que migra por razones de violencia política y tienen posibilidad de vincularse a instituciones académicas.