Foto de la Plaza Dos de Mayo en el centro de Lima, punto de concentración de los manifestantes y desde donde se inician las movilizaciones contra Dina Boluarte ( Imagen deenero de 2023/Fotografo: Alejandro Cotrina).
Crisis política, protestas y fractura social en Perú: violencia en el sur y en las Universidades
En esta entrevista, Narda e Indira nos ofrecen un panorama sociohistórico de la coyuntura y crisis social y política en el Perú, la cual viene afectando también a las universidades y al movimiento estudiantil.
¿Podrían contarnos brevemente cómo y por qué Perú ha llegado a esta situación actual de violencia y crisis institucional?
NH: Hablamos en el Perú de deudas históricas para aludir a los problemas estructurales de desigualdad y racismo que el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) reportó en el 2003 y que persisten en medio de la expansión de las industrias extractivas. El crecimiento económico con desigualdad ocultó tras una narrativa oficial de ilusión de progreso y modernización que los beneficios de dicha política económica solo llegaron a algunas ciudades y algunos sectores sociales. A ello se suma la baja calidad de los servicios públicos y el deterioro de la salud sobre todo en zonas rurales, que se puso en evidencia en la pandemia.
Dos proyectos autoritarios, sendero luminoso y el fujimorismo dejan un legado de violaciones de derechos humanos a lo largo del conflicto armado (1980-2000), asimismo dejan fragilidad institucional y pocas lecciones aprendidas respecto del valor de la vida y el reconocimiento mutuo. El sistema de partidos fue permeado por la corrupción y sufrió acelerado desprestigio y deterioro. Así desde hace dos décadas los presidentes elegidos no proceden de partidos tradicionales, corresponden a organizaciones personalistas.
En una economía desregulada con asentamientos mineros transnacionales en territorios de comunidades campesinas y nativas, más del sesenta por ciento de los conflictos son socioambientales o ecoterritoriales (El 64 % del total de los conflictos en octubre del 2022 según Informe defensorial). Así muchas comunidades aprendieron a negociar “entre privados” sin que medie el Estado, lo cual abre un nuevo proceso de politización a nivel local. Las poblaciones de esas comunidades lograron leyes de consulta previa pero la contaminación y los conflictos continuaron.
Frente a un Estado y un mercado fallido, más del 70 por ciento de los trabajadores están en la informalidad desde antes de la pandemia. En el país la informalidad no es sólo un vínculo laboral, es también un modo de vida. Lo anterior repercute en la débil representación política de amplios sectores de la población. Esto también se refleja en las protestas recientes y masivas, pero sin organización e interlocución que articule demandas y diálogos.
La diversidad y riqueza cultural y social en el país ha sido desvalorizada y discriminada por unos, instrumentalizada por otros, propios y extraños Las protestas recientes colocan nuevas dimensiones que sin duda corresponden a este reclamo de malestar histórico, encarnado en sujetos múltiples con voces diversas que pueden también esgrimir a futuro proyectos de diverso signo.
¿Qué balance tienen de la coyuntura, tomando como referencia el período julio 2021 a la fecha, la relación con las provincias del interior del país y las universidades?
NH: La coyuntura actual se enmarca en un período de inestabilidad política, en que se han sucedido seis presidentes en cinco años, período en que se expanden las posturas conservadoras y surgen organizaciones anti derechos. La corrupción generalizada y la incapacidad para construir acuerdos sobre los problemas estructurales del país, sobre todo atendiendo regiones del interior y poblaciones de la sierra y selva, han generado la pérdida de legitimidad casi total del sistema político. Esta situación se agudiza con la elección de Pedro Castillo en un proceso de polarización extrema, racismo y agresividad.
IH: La presidencia de Castillo, débil desde el inicio, tuvo al frente a una mayoría parlamentaria fragmentada que hizo del desconocimiento del origen democrático de su elección su principal agenda. La inoperancia del gobierno para cumplir con las demandas de cambio (reforma agraria, reforma tributaria, asamblea constituyente) de sectores históricamente postergados generó la sensación de una oportunidad desaprovechada. Frente a una oposición de derecha beligerante, Castillo optó por la supervivencia integrando en su gobierno a personas afines a las bancadas parlamentarias para impedir que el Congreso logre los votos para declarar la vacancia presidencial. Muchos de estos aliados con perfiles grises y cuestionables en su entorno más cercano permitieron evidenciar indicios de corrupción que en lugar de investigarse apropiadamente en el sistema de justicia, fueron usados políticamente por la oposición para insistir en su salida del gobierno.
Por otro lado, la labor del Congreso se caracterizó por reiterados intentos de destituir al presidente. En un año y medio se discutieron tres mociones para declarar la vacancia presidencial. En este contexto, Castillo gira hacia el golpe de Estado el 7 de diciembre, lo que fracasa y con ello, a pesar de cumplirse la sucesión constitucional (Ver nota 1 al final del texto), profundiza la crisis política que no cesa. Y es que no estamos solo ante el conflicto de poderes Ejecutivo – Legistativo, lo que se encuentra severamente dañada es la democracia misma. Estas instancias no toman en cuenta la opinión de sectores amplios de la ciudadanía que exigen la renuncia de Dina Boluarte, el cierre del Congreso o la discusión de reformas que propicien cambios estructurales. Hoy la principal respuesta del gobierno es el uso arbitrario de la fuerza que ha generado a la fecha alrededor de 60 personas muertas y la vulneración de principios mínimos del estado de derecho contra manifestantes, defensorxs de derechos humanos y prensa, sobre todo en zonas quechas y aymaras, tal como lo reporta el informe de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos sobre los primeros 50 días de movilización.
El actual Congreso, elegido junto con Castillo en el 2021, también se caracteriza por medidas demagógicas, ultraconservadoras orientadas a deshacer en favor de intereses privados leves reformas de años previos. En el ámbito educativo resalta el amplio consenso que obtuvo en su aprobación la ley que establece sanciones para funcionarios que elaboren materiales educativos que incluyan contenidos vinculados a la Educación Sexual Integral (ESI). También aprobó la modificación de la Ley Universitaria con el fin de debilitar a la Superintendencia Nacional de Educación Superior (SUNEDU), entidad encarga de aprobar el licenciamiento a las universidades y revertir esfuerzos para regular la calidad educativa en universidades, consolidando el poder de actores vinculados a los intereses de universidades privadas de baja calidad que cuentan con representantes en varias de las bancadas del parlamento, sean oficialistas o de oposición. Ambas normas fueron aprobadas durante el 2022.
¿A qué se debe la intervención de las fuerzas policiales en la Universidad de San Marcos el pasado 21 de enero y cómo se explica este ataque a las universidades? ¿De qué modo esto es parte de las políticas de represión y/o de la relación con la comunidad académica y la educación superior?
IH: Tras los episodios de represión más violentos ocurridos a fines del 2022 e inicios de año en las regiones del sur del país, la decisión de múltiples organizaciones locales y territoriales de estas zonas del país fue de movilizarse a la ciudad de Lima para exigir la renuncia de Dina Boluarte. El trayecto de la mayoría de estas delegaciones por tierra fue accidentado debido a la declaratoria de estado de emergencia que justificó excesivos controles policiales en las carreteras como forma de amedrentamiento. El panorama en Lima no era distinto, la Policía Nacional intervino los días previos locales de partidos de izquierda y de organizaciones gremiales campesinas que alojaban manifestantes de regiones fuera de Lima intentando abrir cargos por los delitos de terrorismo y organización criminal. Así mismo las autoridades locales en Lima en coordinación con la policía nacional cerraron totalmente el acceso a algunas de las plazas y espacios públicos más importantes para impedir que los manifestantes puedan pernoctar allí.
Es en ese contexto de restricción y criminalización del derecho a la protesta, que los estudiantes de la Universidad de San Marcos realizan una “toma” de la puerta principal para dar acogida a los manifestantes que llegaban a Lima. La respuesta de la rectora de San Marcos Jeri Ramón y su consejo universitario fue de rechazo a la medida señalando que la universidad no podía tomar parte en un conflicto “ajeno” y solicitando la intervención policial para la recuperación del campus. Esto se concretó un par de días después, cuando la mayoría de manifestantes se había retirado frente al temor de un operativo. Sin embargo, esto no disminuyó la violencia de la incursión policial que dejó alrededor de 200 personas detenidas, entre estudiantes y manifestantes, así como varios registros visuales del abuso desmedido.
Las recientes protestas, y el rechazo a la forma en que la policía intervino la universidad han reactivado al movimiento estudiantil, crítico con las políticas que buscan beneficiar a los intereses privados de la educación superior representados en el Congreso que hoy respalda a Boluarte. La movilización también ha reavivado la estrategia de criminalización y persecución ejercida durante el conflicto armado interno por parte de las autoridades universitarias y la mayoría de la clase política. Una excepción de esto es lo ocurrido con la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), también ubicada en Lima, donde a propuesta de su rector se acordó acoger a manifestantes universitarios de otras regiones. La reacción ante este hecho ha sido la citación del rector de la UNI a interrogatorios en comisiones del parlamento y una investigación por parte de la contraloría por un supuesto uso indebido de fondos públicos.
Sin embargo, en el Perú la universidad pública, la comunidad académica y los estudiantes universitarios en general, tienen una larga historia de hostigamientos, ya desde el conflicto armado y ahora desde hace unos años acá ha habido algunas políticas de privatización y recorte, ¿verdad?
NH: En efecto las universidades públicas no escaparon a la espiral de violencia del conflicto armado, en particular la Universidad San Cristóbal de Huamanga y la Universidad de San Marcos. Además de la presencia de Sendero Luminoso y el MRTA, así como de paramilitares en San Marcos, se produjo una intervención durante el gobierno fujimorista en los 90s de tal modo que las fuerzas armadas estuvieron en el campus durante varios años. Al lado de las violaciones de derechos humanos ejecuciones, desapariciones, detenciones arbitrarias, en Huamanga, la estigmatización como sospechosos de terrorismo acompañó buen tiempo a la comunidad académica ayacuchana lo que se extendió a la población de esa región. En los últimos años el estigma (ver nota 2 al final del texto) se ha ampliado de tal modo que sectores conservadores y el propio gobierno “terruquean” como un modo de descalificar al oponente, recurso que se viene utilizando para descalificar las protestas.
IH: El terruqueo y hostigamiento a la organización y pensamiento crítico en las universidades no es la única forma en que éstas se han vinculado con la política en el Perú. Durante los años noventa, el gobierno de Fujimori promocionó la creación de universidades privadas con fines de lucro bajo el argumento de ampliar la cobertura educativa. Para ello se otorgaron beneficios tributarios y se flexibilizó requisitos de funcionamiento. Miles de familias de sectores medios y populares encontraron una alternativa para lograr la formación profesional de sus hijxs pero asumiendo la baja la calidad educativa de estas instituciones. Otra consecuencia ante el crecimiento del mercado de la educación superior privada fue el abandono de las necesidades de las universidades públicas. Con la creación de la SUNEDU en el año 2014 se ha intentado regular la calidad de la oferta educativa universitaria, tanto pública como privada. Sin embargo, más allá de los controles de calidad, las brechas de infraestructura, financiamiento, capacitación o modernización en las universidades públicas requieren una verdadera reforma universitaria que permita mejores condiciones no solo para una adecuada formación profesional, sino también para consolidar comunidades académicas, más aún en momentos en que nuestra democracia pasa por un proceso prolongado de debilitamiento.
¿De qué manera se entiende la crisis política peruana en el contexto de la región y que rol puede cumplir la comunidad internacional en este contexto tan difícil para Perú?
NH: En la política peruana convergen posturas radicales y conservadoras de derecha y de izquierda, es el caso de representantes del partido Perú Libre que llegaron con Castillo al parlamento y que a veces coinciden en políticas a favor de intereses particulares con la mayoría derecha. Estos meses, este sector toma distancia de Dina Boluarte debido a la represión a la protesta. En su posicionamiento frente al gobierno de Dina Boluarte estos bloques del parlamento que antes tuvieron coincidencias, se han diferenciado. Una minoría exige su renuncia mientras la mayoría apuesta por su permanencia. Actualmente, el entrampamiento suscitado entre el legislativo y el ejecutivo, y el malestar social abren un período de reconfiguración social y política sin precedentes en el país que no se podrá atender en el corto plazo. En este sentido difiere de la situación conflictividad social en otros países latinoamericanos, canalizada de modo institucional por negociaciones entre partidos o coaliciones sociopolíticas como en Bolivia o Chile.
La inestabilidad no es solo una crisis institucional, si bien en la actualidad se debate al respecto, y, deberá encontrarse una salida institucional (adelanto de elecciones o renuncia presidencial) estamos en un período de resquebrajamiento, de las fisuras y fracturas previas.
IH: Una escala de la crisis se encuentra en el sentir amplio de una mayoría de peruanos que no encuentran expectativas en la representación política. Desean que “se vayan todos” y al mismo tiempo que se concreten decisiones que provean justicia, redistribución o seguridad y que no se dan porque esa representación ha sido capturada por la corrupción o intereses privados.
Sin embargo en lo inmediato es necesario actuar para exigir parar la escalada de represión y evitar profundizar la indignación ciudadana haciendo posible el adelanto de elecciones generales y atendiendo a las víctimas a través de una investigación confiable que determine responsabilidades y sanciones. Por ahora esa salida se ve incierta, tanto el Congreso de la República como Dina Boluarte apuestan a mantenerse en sus cargos el mayor tiempo posible. Por ello no pueden desestimarse propuestas que señalan la necesidad del acompañamiento de una instancia internacional que ayude a generar una salida o al proceso de investigación de las muertes producto de la represión.
NH: En ese contexto, es importante la cooperación y la solidaridad de la comunidad internacional acompañando a la sociedad civil, en medio de incertidumbres y de múltiples amenazas a la democracia, a la vida y al conocimiento. El rol de la academia es muy relevante para alertar de estos atentados y el talante autoritario que ya está en marcha con la represión, el unísono en los medios de comunicación y las mentiras sistemáticas. Esta situación puede agudizarse alimentada por los poderes fácticos, incluyendo los circuitos perversos (delincuencia, narcotráfico), y la violencia de diversas fuentes. Por ello, apreciamos que la cooperación internacional mantenga también esta alerta.
Notas de aclaración
Nota 1: Corresponde a Dina Boluarte, vicepresidenta de Castillo, asumir la presidencia.
Nota 2: La palabra “terruco” es un sustantivo para designar a un presunto terrorista de origen rural, término que se usó durante el conflicto armado de allí surge el uso de una forma verbalizada “terruquear.”